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La violación de los derechos humanos durante y post protesta social

Desde el 18 de octubre de 2019, las y los chilenos se movilizaron para protestar contra la desigualdad y reclamar sus derechos en salud, educación, pensión digna, por la privatización del agua y otras demandas. Una semana después, en la Plaza Italia de Santiago se registró la marcha más grande del país con más de 1,2 millones de personas.

Sin embargo, las manifestaciones masivas se vieron violentadas por la policía chilena: 445 lesiones oculares y 2.122 heridas por disparos a nivel nacional. De esta manera, Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas han violado masiva y gravemente los Derechos Humanos, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos y cuatro informes internacionales.

La situación pareciera continuar. Durante las manifestaciones en Santiago, el pasado viernes 27 de noviembre dos jóvenes, entre ellos un fotógrafo, resultaron con quemaduras, que habrían sido causadas por el carro lanza-aguas. Sobre esto, en una entrevista de CNN Chile, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez aseguró que sólo se está utilizando CS (gas lacrimógeno) y se iniciará una investigación al respecto.

SIGLO XXI: TIEMPOS DE VULNERACIÓN EN MANIFESTACIONES

A partir del 18 de octubre, se concentraron diversos actores sociales como el movimiento NO+AFP, colectivos feministas, sindicatos, comunidades mapuche, familias, entre otros, para exigir un cambio constitucionalSin embargo, esos días de recuerdos históricos y demandas culminaban con un actuar indebido por parte de Carabineros de Chile y Fuerzas Armadas, que se relacionan directamente con la violación a los derechos humanos (DD.HH).

Entre octubre de 2019 y febrero 2020, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) interpuso 2.499 acciones judiciales a nivel nacional contra agentes del Estado, entre estas se presentaron 2.329 contra Carabineros, 126 contra militares, 22 dirigidas a la Policía de Investigaciones (PDI) y 1 contra Gendarmería.

En este sentido, el instituto calificó las violaciones a derechos humanos como graves y múltiples. Entre las acciones judiciales, y según el tipo de delito, el INDH presentó 1627 querellas por apremios ilegítimos; 471 por tortura; 191 por violencia innecesaria; 38 por homicidio frustrado; 6 por homicidio. Así, el incumplimiento del protocolo de Carabineros se reflejó en el elevado número de acusaciones recibidas por el INDH, pues han observado el lanzamiento directo al cuerpo de lacrimógenas, balines de goma y metal; quemaduras y alergias por químicos del carro lanza agua; y múltiples heridas por armas de fuego.

Dichos comportamientos también afectaron a los niños, niñas y adolescentes: el organismo constató a 269 niños y adolescentes heridos en los hospitales por motivo de las manifestaciones sociales y 96 niños y adolescentes heridos por disparos. Inclusive, a lo largo del país durante las detenciones de menores de edad, el instituto observó irregularidades como mantener a menores de edad junto a mayores de edad en los mismos calabozos y torturas físicas, psicológicas y sexuales.

“A mi parecer hemos actuado bastante bien” dijo por un momento el ex director general de Carabineros de Chile, Mario Rozas, en una entrevista con Primera Pauta, quien además desestimó que ha existido una represión sistemática de la policía. “Ningún carabinero es formado para hacer mal las personas. Me indigna mucho cuando uno de los nuestros comete un abuso o un exceso, y soy el primero en condenarlo”, comentó.


Protocolo sobre el uso de elementos de Carabineros durante las manifestaciones.
Infografía: Victoria Padilla

EL DISPARO A LAS COMUNICACIONES

Durante la crisis social, el derecho a la información y la libertad de expresión se vieron vulneradas por el descontrol de las fuerzas policiales. A nivel nacional, entre el 18 de octubre y 22 de noviembre del 2019 se documentaron 138 casos de periodistas que sufrieron algún tipo de ataque: 90 lesionados por armamento antidisturbios; 1 caso de trauma ocular; 21 denuncias de golpizas y hostigamiento; 19 detenciones e incluso 2 mujeres periodistas obligadas a desnudarse en una comisaría, según la Fundación de Datos Protegidos y el Observatorio de Derecho a la Comunicación.

Hasta marzo de 2020, el Colegio de Periodistas recibió 98 denuncias, de las cuales 6 fueron presentadas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismo que enseñó la acusación ante la Organización de los Estados Americanos. El vicepresidente del gremio, Patricio Martínez asegura que “Carabineros no discriminó y no respetó el ejercicio profesional periodístico y desde ese punto de vista limitó a la libertad de prensa. Cuando agreden a la prensa en general se está vulnerando el derecho a la información”.

Martínez relata que las agresiones, golpes, torturas, desnudos en las propias comisarías y amenazas de violación son algunos actos graves que afectaron a los periodistas y trabajadores de las comunicaciones por parte de Carabineros, sin razón, solo por registrar la movilización. Así, el vicepresidente apunta a dos responsables de las vulneraciones a DD.HH. durante las manifestaciones desde octubre 2019: Mario Rozas, ex director General de Carabineros de Chile – quien estudió Periodismo en la Universidad del Desarrollo y posee un magíster en comunicaciones- y además al gobierno de turno que “se volvió absolutamente desquiciado tratando de frenar la legitima protesta social y ciudadana e impidió a los periodistas, muchas veces, informar a la ciudadanía reprimiéndonos” .

Fotógrafa detenida y agredida por Carabinera, quien la golpeó en la cabeza con bomba lacrimógena, le tiró el pelo y le dio puñetazos en la cara. La funcionaria fue dada de baja. La agresión fue registrada en un video.
Fotografía: Agencia Uno.

UNA MIRADA INTERNACIONAL

El mundo estaba al tanto de lo acontecido en Chile. Los organismos internacionales defensores de los derechos humanos viajaron hasta el país para observar en terreno la situación. Al menos cuatro entidades coincidieron en que existen graves violaciones a los derechos humanos en Chile a partir del 18 de octubre.

En diciembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “grave preocupación por el elevado número de denuncias de graves violaciones a los derechos humanos”. Posteriormente, a tres meses de la crisis social, la organización visitó durante siete días a Chile. Tras culminar su inspección, la comisión concluyó que el país vive una grave crisis de DD.HH.

De igual forma, el documento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) testifica que en el país se han producido un elevado número de violaciones graves a los DD.HH. por el uso excesivo o innecesario de la fuerza, que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias en todo el país.

Después de tres semanas de observaciones del equipo corresponsal, las declaraciones de la ACNUDH son explícitas. La institución recalcó el uso indiscriminado de armamento letal y malos tratos por parte del Ejército y Fuerzas del Orden, afirmando que la escopeta antidisturbios y gases lacrimógenos fueron utilizados a corta distancia y de manera desproporcionada y, en ocasiones, innecesaria; y como si fuera poco, los numerosos casos de personas con lesiones en los ojos o la cara reflejan la grave violación a los derechos humanos.

Carabinero disparando una bomba lacrimógena contra la cabeza de un civil a menos de 9 metros de distancia el 13/12/2019. La persona sufrió una fractura de cráneo, hendidura y hematoma cerebral.
Fotografía: Captura de video prueba – La Tercera.

Mientras tanto, la Amnistía Internacional (AI) aseguró que Chile cerró el 2019 con la peor crisis de derechos humanos desde la dictadura de Augusto Pinochet. Fue la primera vez que el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia -aprobado durante dictadura- se utilizaba en democracia en el contexto de manifestaciones. Tras establecer la medida, mediante un informe, la AI declaró que aumentaron drásticamente el número de abusos cometidos por el Estado, luego de que 31 personas, hasta ese entonces, perdieran la vida: al menos cuatro de ellos a manos de fuerzas estatales.

La AI es firme en describir la manera de actuar de las fuerzas de seguridad: el Ejército de Chile y Carabineros cometen ataques generalizados con uso de fuerza innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta. Asimismo, señala que Carabineros disparó munición potencialmente letal de manera injustificada e indiscriminada y, en varios casos, apuntando a la cabeza de los manifestantes.

Tras el informe de la IA publicado el 21 de noviembre de 2019, el Gobierno de turno y las Fuerzas del Orden y Armadas se alertaron. Mediante un comunicado, las FF.AA rechazaron categóricamente lo declarado por la Amnistía, ya que según éstas no existió, ni existe ninguna política de las FF.AA para dirigir ataques generalizados o sistemáticos hacia la población. Además, enfatizaron en que la AI no cuenta con pruebas directas o indirectas y desmintieron la intención de lesionar a quienes se manifiestan.

El Gobierno tampoco tardó en demostrar el descontento por el documento. El mismo día de la publicación, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren -perteneciente al partido político Evolución Política- acusó a la AI de “pretender establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes, sin haber solicitado información al Gobierno (…) la única política que ha tenido el gobierno es la del resguardo y protección de los derechos humanos”.

Human Rights Watch (HRW) también se hizo presente. El 26 de noviembre, la organización se reunió con el Presidente para entregarle un informe con evidencia sólida sobre el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y recomendaciones. Entre las evidencias se encuentran testimonios y fotografías de lesiones graves tanto de manifestantes como de transeúntes, y de armamento.

A Carabineros se les indica usar la escopeta antidisturbios a una distancia mínima de 30 metros y apuntar a la zona entre la rodilla y el tobillo -como lo indica su protocolo- para evitar que áreas vitales se vean afectadas. Sin embargo, la distancia queda a criterio del funcionario, pues las armas no tienen mira telescópica, por lo que cada funcionario debe estimar la distancia de disparo en circunstancias estresantes y caóticas, generalmente, según lo indicado en el informe de HRW.

Parecieran no cumplir su propio Código de Ética: 2° principio – Protección de la vida y dignidad humana. La violación a los derechos humanos fue masiva y grave durante el estallido social, según las entidades que protegen los DD.HH; y a poco más del primer aniversario del estallido social, las denuncias por vulneración a los derechos humanos persisten.

 José Tomas Donoso, fotógrafo independiente que el 27/10/2020 durante una manifestación recibió el agua de un carro policial, que le provocó quemaduras. El joven denunció el hecho a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI.
Fotografía: @josetomasdk – Twitter

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